viernes, julio 27, 2012
CArlos
Profesionales de distintas especialidades recomendaron modificaciones a la legislación para reducir los conflictos sociales que se multiplicaron en la última década en varias regiones al participar en el Foro Panel V Cátedra San Agustín “Qué normas y políticas ambientales deben modificarse en las industrias extractivas en el Perú? que inauguró la Dra. Erika Málaga como Jefa de la Oficina de Relaciones Públicas de la UNSA en las instalaciones de la Sala María Nieves el miércoles 25 de julio. El Abogado Jesús Gomes Urquizo, afirmó que en el país hay alrededor de cinco mil normas ambientales, pero la mayoría de ellas no son acatadas por diversas razones, al tiempo de revelar que solo 10 municipios distritales de Arequipa han aprobado sus sistemas locales de gestión ambiental, por lo que 19 municipios no lo han hecho aun y podrían ser denunciados penalmente ante la fiscalía.
Agregó que los gobiernos regionales y locales deberían de participar en el proceso de concesiones de recursos naturales ya que son los ministerios del poder ejecutivo quienes monopolizan esas atribuciones que deberían ser transferidas a los gobiernos descentralizados, al tiempo de sugerir que falta más precisiones a los estándares de calidad ambiental y limites máximos permisibles. Planteó también que debe perfeccionarse el sistema nacional de estudio de impacto ambiental y debería incluirse estudios de impacto social para evitar que la población sea marginada, así como debería de establecerse un nuevo marco regulatorio sancionador por incumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de las empresas, sugiriendo finalmente que es urgente una nueva ley de canon y regalías.
El Químico, Dr. Félix Cuadros Pinto, enfatizo que la mayoría de empresas plagian los estudios de impacto ambiental y el ministerio de energía minas no es riguroso en la evaluación, al tiempo de sugerir que debería de perfeccionarse los monitoreos ambientales por parte de la OEFA que no está cumpliendo con su rol. Lamento que el ministerio de agricultura y el ingemet no coordinen la otorgación de concesiones creando conflictos sociales en el interior del país y denunció que las organizaciones estatales de medio ambiente no cuentan con personal capacitado para efectuar controles rigurosos a los estudios que presentan empresas ya que la mayoría de ellos son contratados, afirmando que en los gobiernos locales y regionales no cuentan con profesionales para realizar evaluaciones serias, por lo que los colegios profesionales y universidades deberían asumir ese rol que debería considerarse en la nueva legislación.
La Abogada Gladis Márquez en representación de la Autoridad Regional del Medio Ambiente, sostuvo que los EIA de los grandes y medianos proyectos mineros deben ser consultados a los gobiernos regionales y provinciales para evitar los conflictos sociales y manifestó que es urgente modificar esa ley, ya que hay plagios frecuentes de esos estudios por parte de muchas empresas los que no son evaluados por los organismos estatales. Expresó asimismo que el ministerio de energía minas debe promover las inversiones mineras, pero los EIA deben ser evaluados por el ministerio del ambiente, al tiempo de advertir que falta mayor fiscalización a todos los sectores de la producción extractiva, ya que no solo en el sector minero hay violación a las normas legales, reconociendo finalmente que la autoridad regional ambiental está a un débil en la supervisión a la minería informal, por lo que redoblaran su trabajo para imponer sanciones que contempla le legislación vigente.
El Biólogo, Dr. Percy Jiménez de ICIGA de la UNSA, precisó que en el país hay excesivas normas la mayoría de las cuales no se cumplen porque carecemos de una política educativa ambiental y de sanciones por las organizaciones estatales. Señaló que no es posible que el ministerio de energía promueva la inversiones mineras y ella sea quien apruebe los EIA, cuando esa labor debería ser realizada por el ministerio de ambiente, por lo que esa norma debería modificarse. Agregó también que la población no debe ser rigurosa solo con la minería, sino también con el sector pesquero, agrícola, forestal, ya que en esos sectores también hay contaminación, al tiempo de lamentar que el poder ejecutivo para modificar las normas respecto a las industrias extractivas solo haya convocado a nueve ministerios, marginando a los gobiernos descentralizados para mejorar la legislación y reducir los conflictos sociales.
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